La universidad: un privilegio, no un derecho

La universidad: un privilegio, no un derecho
Alumnos de las carreras clausuradas de la UNASUR exigen a las autoridades que aclaren su situación.

Opinión. Por Coralie Arbo.

Poder estudiar en este país nunca ha sido fácil. Llegar a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) –o a otras universidades públicas del país– fue históricamente un logro reservado a unos pocos. “Los mejores”, dirán, “los más bochos”. Pero no: un lujo destinado a quienes pueden costeárselo, a quienes pueden superar una alta barrera económica.

Para estudiar en la UNA, un alumno de carreras como Ingeniería, Veterinaria, Agronomía, Arquitectura o Medicina, por ejemplo, debe primero acudir al cursillo de admisión de la facultad, cuyo nivel difícilmente está acorde a la dificultad del examen, por lo que los aspirantes muchas veces deben, además, acudir a institutos privados en los cuales reforzar sus estudios. El costo total de esto alcanza una cifra considerable.

Por otro lado, el ritmo de estudio no deja tiempo para que estos jóvenes generen ingresos, así que necesariamente deben ser apoyados económicamente por sus familias, tanto en los costos de estos cursos como en los costos de los materiales, transporte, comida, etc., si no consiguen una beca. Un nivel de gastos que una familia con ingresos promedio difícilmente pueda soportar, para ingresar a la universidad rankeada en el puesto 79 de Latinoamérica.

La implementación de la Ley 5633 en agosto pasado, mediante la cual se regula el costo de aranceles de institutos públicos de formación, vino a traer un respiro en este sentido, estipulando el costo de los cursillos en máximo diez jornales diarios, (Gs 700.000). Pero así, facultades como Química o Ingeniería en la UNA generan un escalón más denominado “curso de nivelación”, volviendo incluso más grande la barrera que se les pone a los jóvenes que desean estudiar allí.

En las privadas no es mejor

Pasa algo similar con las universidades privadas: las de más renombre son, también, las más caras. Estudiar Medicina en la Universidad Católica de Asunción implica un gasto mensual de aproximadamente un sueldo mínimo. Y este es el costo solo de la cuota. Carreras mucho menos costosas, como las de Ciencias Sociales, de todas maneras implican un gasto mensual mínimo de Gs 700.000 en cuotas que corren desde marzo a diciembre, una suma injustificadamente alta para carreras que tienen una carga horaria mínima, con mallas curriculares desfasadas. Estos montos pueden subir en las universidades privadas en cualquier momento de manera arbitraria, sin que los estudiantes cuenten con mecanismos para objetar o al menos saber el motivo de las modificaciones.

Pero las privadas, por su naturaleza, tendrían el “derecho” de cobrar el monto que consideren adecuado, ¿no? Ese costo no se ve reflejado en calidad educativa. Con su eslogan “Traicioná la mediocridad”, la Universidad Católica ocupa el puesto 171 de las 300 mejores universidades de Latinoamérica. Le sigue la Universidad Autónoma de Asunción, que ocupa el puesto 251.

La alternativa ante las universidades que excluyen

Un montón de jóvenes queda excluido de toda esta oferta educativa debido a que deben insertarse al mercado laboral apenas terminan el colegio, generalmente en condiciones de mal pago, por lo que no tienen el tiempo para acudir a las clases ni el dinero para pagárselas. Así surgen hace unos años las denominadas “universidades garaje”: universidades creadas en tiempo récord, instaladas en predios insólitos como casas alquiladas o galpones (de ahí su denominación) sin las condiciones adecuadas para brindar una buena formación, pero con costos y facilidades de pago que permiten a este grupo relegado de las universidades tradicionales acceder a formación terciaria.

Este fenómeno de “explosión” y creación acelerada de universidades pudo darse gracias a la Ley N° 2529/04 o “Ley Marcos” (denominada así por su propulsor, Juan Manuel Marcos, dueño de la UniNorte). Esta modifica la Ley Nº 136/93 “De Universidades”. Entre otras modificaciones, el Artículo 5º dice hoy que las universidades cuentan con autonomía que les permite fijar sus objetivos, metas, planes y programas prácticamente a su antojo.

Este ha sido el principal aval mediante el cual proliferaron dichas instituciones, llevando la mercantilización de la educación a su máxima expresión. De 23 universidades que existían en el 2003, en el 2015 el número ascendía a 54 y solo 6 universidades son públicas, salpicadas por grandes escándalos de corrupción, que saltaron luego de #UNANoTeCalles. En su serie “Vacas que vuelan, escuelas que caen”, Kurtural realizó una radiografía a profundidad de esta situación, con datos que asustan.

Alumnos de la UNA durante la primavera estudiantil del 2015. Foto: Abc Color.

Alumnos de la UNA durante la primavera estudiantil del 2015. Foto: Abc Color.

La educación, un negocio

En estos días el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) anunció el cierre de 31 filiales y 14 carreras (casi todas del área de salud) de la Universidad Autónoma del Sur (UNASUR), lo que dejó a 5000 estudiantes –que llevaban invertidos hasta Gs 60.000.000 en su formación– en medio de la nada. Así también, en marzo pasado cerró 6 filiales de diferentes universidades privadas y en el último año 90 ofertas de carreras de salud. Según Hildegardo González, presidente del Cones, esto se debe a que descubrieron que estas carreras se habían abierto sin habilitación, pasando por alto el rol de este órgano y dejando egresar a profesionales de la salud que no estarían en condiciones de prestar un buen servicio.

Si bien es innegable que estas universidades deben ser reguladas, pues difícilmente brinden formación de calidad, es imposible no cuestionarse qué ocurrirá con tantos jóvenes que han quedado, de un día para otro, a la deriva, con el sueño del título universitario a medias. El Cones –conformado por autoridades de otras universidades, entre ellas el Rector de la UCA– manifiesta que podrán convalidar sus materias hasta en un 70%, es decir, tendrán que retroceder en su formación, invirtiendo aún más dinero en otras universidades que puedan absorberlos.

Sabiendo que estas medidas no están acompañadas de otras que apunten a fortalecer el rol de las universidades como productoras de conocimiento, me pregunto: ¿Realmente el interés de sus autoridades está en mejorar el nivel de la oferta educativa o es nada más una competencia entre mercaderes de la educación?

Escrito por
Periódico hecho por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Asunción.

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